Ley 715 de 2001: cómo se reparten el dinero y las decisiones de la educación

Ley 715 de 2001: cómo se reparten el dinero y las decisiones de la educación

La Ley 715 de 2001 responde una pregunta que aparece cada vez que se discute un colegio oficial: quién manda y quién paga. La norma reparte las competencias entre la Nación, los departamentos y los distritos y municipios certificados, y al mismo tiempo fija en qué se pueden gastar los recursos del Sistema General de Participaciones. Si usted es rector, docente, padre de familia o funcionario territorial, entender ese reparto le evita buscar respuestas en la oficina equivocada.

Qué es el Sistema General de Participaciones

El artículo 1 de la ley define el Sistema General de Participaciones como el conjunto de recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. La razón de esa transferencia es concreta: financiar los servicios cuya competencia les asigna esta misma ley.

Hay dos ideas que conviene retener. Primera: no se trata de un auxilio discrecional ni de un premio por buen desempeño, sino de una transferencia ordenada por la Constitución. Segunda: los recursos llegan atados a competencias, de modo que la entidad que recibe la plata es la que debe prestar el servicio. Por eso, cuando alguien pregunta quién paga, la respuesta empieza por identificar qué nivel de gobierno tiene la competencia.

Quién decide qué: Nación, departamentos y municipios

El reparto no es una sola línea de mando. Los artículos 5, 6 y 7 separan tres funciones que en la conversación pública suelen aparecer mezcladas.

Nivel de gobierno	Qué le asigna la ley	Artículo
Nación	Formular las políticas y los objetivos de desarrollo del sector y dictar las normas, en preescolar, básica y media, en el área urbana y rural.	5
Departamentos	Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios cuando haya lugar; administrar y responder por la información educativa departamental; apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que se certifiquen.	6
Distritos y municipios certificados	Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en preescolar, básica y media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad; administrar y distribuir entre los establecimientos educativos los recursos del Sistema General de Participaciones.	7

Leída en orden, la tabla muestra una división clara del trabajo. La Nación no opera colegios: formula políticas, fija objetivos y dicta normas. El departamento no reemplaza al municipio: lo acompaña con asistencia técnica, financiera y administrativa, y carga con la información educativa del departamento. El municipio certificado es el que queda al frente del servicio y el que reparte los recursos entre los establecimientos educativos de su jurisdicción.

Esa separación explica por qué una solicitud puede recorrer varias oficinas sin que nadie la niegue. No siempre hay una negativa: a veces la petición está dirigida a un nivel que no tiene la competencia. Preguntar primero por el artículo que respalda la gestión ahorra semanas de correos.

Qué cambia cuando un municipio está certificado

El artículo 7 no habla de todos los municipios: habla de distritos y municipios certificados. Esa palabra define quién asume la prestación del servicio y la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones. La certificación aparece también en el artículo 6, cuando asigna a los departamentos el apoyo técnico y administrativo a los municipios para que se certifiquen.

Ahí se ve la secuencia que fija la ley: el municipio se prepara, el departamento lo acompaña y, una vez certificado, entra a dirigir, planificar y prestar el servicio educativo. Para una familia la diferencia es práctica. En un municipio certificado, la Secretaría de Educación local es la que responde por la prestación del servicio y por la distribución de los recursos entre los colegios. En un municipio no certificado esas competencias no están en el municipio y el acompañamiento corresponde al departamento.

En qué se puede gastar la plata: artículo 15

El artículo 15 es la respuesta a la pregunta que más se escucha en las mesas de padres y en los concejos municipales. Los recursos del Sistema General de Participaciones tienen destinos definidos y no sirven para cualquier gasto. La ley enumera cuatro frentes:

1. Personal: pago del personal docente y administrativo, contribuciones de nómina y prestaciones sociales.
2. Infraestructura y funcionamiento: construcción, mantenimiento, servicios públicos y gastos de funcionamiento.
3. Canasta educativa: provisión de los elementos que la componen.
4. Calidad: las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa.

Estos cuatro bloques explican por qué dos discusiones que parecen iguales no lo son. Pagar la nómina de un colegio no compite con arreglar un baño en el mismo rubro: son destinos distintos dentro de la misma transferencia. Cuando alguien propone usar los recursos de un frente para cubrir el otro, la pregunta correcta es cuál de los cuatro destinos ampara el gasto y quién lo autoriza.

Sobre las cifras conviene ser cuidadoso. Esta ley fija los destinos, no los montos que usted pueda citar de memoria. Cualquier porcentaje o valor que circule en una discusión debe confirmarse en la fuente oficial antes de usarlo como argumento.

Cómo se lee una discusión sobre el presupuesto de un colegio

Imagine que el colegio de su hijo necesita aulas nuevas y la comunidad pide explicaciones. Con la ley en la mano, el recorrido es este: la Nación fija la política y las normas; el municipio certificado presta el servicio y distribuye los recursos entre los establecimientos; el departamento presta asistencia técnica, financiera y administrativa; y el gasto solo puede caer en uno de los destinos del artículo 15. Si la obra es de infraestructura, entra por construcción y mantenimiento. Si el problema es que faltan profesores, entra por personal. Si es dotación, entra por canasta educativa.

Lo que la ley no dice es que el rector decida sobre la transferencia. El rector ejecuta en el establecimiento lo que corresponde a su competencia; la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones entre colegios está asignada al municipio certificado y la política sectorial a la Nación. Confundir esos papeles es la fuente más común de reclamos que no avanzan.

Qué tener a mano cuando pregunte por recursos educativos

• El texto de la ley en la fuente oficial: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html
• El número del artículo que respalda su solicitud (1, 5, 6, 7 o 15), para citarlo desde el primer correo.
• El nombre completo del establecimiento educativo y el municipio donde funciona.
• La solicitud escrita, con fecha, dirigida a la Secretaría de Educación que corresponda según el nivel de gobierno.
• La respuesta anterior, si ya la recibió, para no repetir la misma gestión desde cero.
• La claridad sobre si su municipio está certificado o no, porque de eso depende a qué oficina le corresponde responder.
• El destino del artículo 15 al que se ajusta el gasto que va a pedir, explicado en una frase.

Para seguir leyendo

• decreto 1075 de 2015
• ley 30 de 1992: la ley que organiza la educación superior en Colombia
• decreto 1330 de 2019